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7 ideas para hacer a la política menos corrupta

Si crees que la corrupción está en la médula o en el ADN de nuestros políticos; si piensas que la corrupción y la ilegalidad hacen parte de la cultura de Latinoamérica; si consideras que la corrupción es el peor y más insuperable flagelo de tu país. A lo mejor las siguientes ideas que han demostrado ser eficaces en diversos países puedan contribuir a mejorar los índices de transparencia que hoy nos avergüenzan:

Aplicación eficaz de las leyes:

En toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, existen abundantes y severos marcos legales en materia de lucha contra la corrupción; que son, incluso, más estrictos que los de los países que lideran el ranking de transparencia del “índice de percepción de la corrupción”, que realiza la ONG “Transparencia Internacional”.

Pero, si tenemos leyes duras, ¿por qué los índices de corrupción de nuestra región son de los peores del mundo? Esto es, debido a que la consagración de la sanción más rigurosa e inclemente, por si sola, no puede desincentivar un acto de corrupción; a menos que a la sanción la acompañen instrumentos eficientes para aplicarla. Es decir que, el castigo, como simple enunciado normativo aislado, no constituye un factor disuasivo real que disminuya el riesgo de corromper y ser corrompido.

Fortalecimiento Institucional:

Las entidades que detectan competencias en materia anticorrupción (Procuraduría, Fiscalía, Juzgados, Veedurías, Defensor del Pueblo, Zar anticorrupción, etc.), deben contar por lo menos con: a) un músculo financiero equiparable al flagelo que enfrentan; b) el recurso humano idóneo para ejecutar las tareas misionales; c) los instrumentos jurídicos, organizacionales y políticos para adaptarse a un fenómeno tan dinámico, flexible y poderoso, y; d) la infraestructura suficiente para ejercer de manera eficaz y eficiente sus funciones en todo el territorio nacional.

Una política de incremento salarial y promoción efectiva del funcionario público:

Generalmente la administración pública trunca las aspiraciones de aquel que pretende obtener algo más que un sueldo, y no son pocos los casos en los que los empleados públicos pierden el interés y la ilusión en su trabajo mientras observan como conocidos suyos ganan más y son promovidos más exitosamente en la empresa privada.

Por ello, aumentar gradualmente los salarios para los empleados del sector público y establecer mecanismos de promoción dentro de la estructura orgánica de cada Entidad pública, puede contribuir a evitar la fuga de talento, particularmente de profesionales altamente calificados hacia el sector privado, al mismo tiempo que reduce el incentivo para participar en prácticas corruptas.

Reconocer que la prevención es más importante que la sanción:

Se les debe adjudicar a las entidades que luchen contra la corrupción, no solo las facultades de auditar, denunciar, investigar y sancionar a aquellos que cometan actos de corrupción, sino también adelantar campañas de prevención en los distintos estamentos de la sociedad, lo que podría incluir reformas en la política de educación pública, tendientes en orientar los parámetros morales del discente hacia un manejo honorable y pulcro de la cosa pública.

Evaluar el rendimiento del funcionario público:

Instituir un régimen objetivo y diáfano de evaluación del rendimiento del funcionario público, así como un sistema de control y seguimiento al cumplimiento de los objetivos que se le encargan, deriva en una reducción automática de los índices de corrupción.

El voto programático:

Obliga a que los políticos cumplan con sus promesas de campaña una vez llegan al poder. La ley debería disponer que los programas electorales del candidato se materialicen en planes, programas y proyectos inscritos en los planes de desarrollo anuales y plurianuales de los que gobiernan. De no cumplir con las promesas de campaña, el político debe ser revocado por iniciativa popular o de una autoridad competente para ello.

La rendición de cuentas:

Es el deber ético, que tiene todo funcionario público de informar y responder en un acto público de cara a la comunidad, por el manejo de los bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

Sergio Augusto Alvarez Vargas